Siempre ha sido un misterio de dónde saca la clase política el tabulador de sueldos para servidores públicos de primer nivel y para los cargos de elección popular. La clase política en México no ha sufrido la pérdida del poder adquisitivo que padecemos la clase trabajadora, con todo y que sus sueldos salen de los impuestos de dicha clase trabajadora.

En México, un diputado federal tiene un ingreso mensual de 143 mil pesos, un diputado local en Aguascalientes gana al mes 65 mil 800 pesos y el Gobernador del Estado gana 120 mil pesos en el mismo periodo de tiempo; sin embargo, en nuestro país sólo 1.7% de los más de 51 millones de adultos que trabajan gana más de 20 mil pesos mensuales.

En contraste, un legislador federal de los Estados Unidos de Norteamérica gana 14 mil 500 dólares mensuales, que al tipo de cambio promedio de esta semana equivale a 268 mil 250 pesos; contra el profesionista promedio de aquel país, que gana 10 mil dólares mensuales, es decir 185 mil pesos. En otras palabras, la diferencia es mucho menos dramática que en México: allá la diferencia es de 1 a 1.45, mientras que aquí la diferencia es de 1 a 7.

Así, mientras un legislador nos cuesta siete veces más caro que el 1.7% de la población mejor pagada, allá hay varias profesiones que superan el salario de sus legisladores, que además son mucho más productivos que los nuestros.

Ahora bien, no son los legisladores nuestros servidores públicos más costosos: el poder judicial encabeza la lista de los salarios más desproporcionados en México. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe un salario mensual de 651 mil pesos y un magistrado federal, 182 mil pesos.

El pasado jueves, el poder legislativo en Aguascalientes aprobó, tras la creación del tribunal local electoral, un salario mensual de 150 mil pesos a cada uno de los tres magistrados electorales que entrarán en funciones a partir de este mes de octubre. A pesar de la situación económica por la que atraviesa el país y la entidad, los legisladores señalaron que así debe ser, porque es lo que ganan otros magistrados y porque así se garantiza que no se corrompan.

Con estos argumentos, tan absurdos e insultantes para un país con la mitad de su población en la pobreza y sólo 1.7% de su población económicamente activa con un ingreso medianamente digno, es claro que la clase política demuestra que trabaja para sí misma y no para el pueblo que dice representar.

Vivimos entre políticos que cobran como en países del primer mundo, representando a un pueblo que vive en la zozobra económica.

 

Para Centuria Noticias: Alberto Romero / Germán Gis

a.romero@centuria.mx / g.gis@centuria.mx

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